EN LOS ÚLTIMOS MESES, se ha consolidado un estado de opinión
general sobre el crecimiento turístico y demográfico en Canarias, que denuncia
la elevada presión que hemos ejercido y ejercemos sobre el territorio insular.
Pero es que, además de la variable más repetida, habitantes/Km, existen otras
no tan difundidas e igualmente conflictivas y de difícil resolución. En este
texto nos referiremos a una de ellas, de capital importancia, el agua, su
producción, su uso y su gestión.
En territorios insulares, el agua ha sido históricamente el
recurso natural primordial y más valioso. La razón que explicaba los
asentamientos humanos en un primer momento, los aprovechamientos y la riqueza
de unas comarcas sobre otras. Pero también ha existido la conciencia en la
mayor parte del Archipiélago de que se trataba de un bien preciado y escaso. La
"cultura del aljibe" (depósito que recogía el agua de la lluvia) ha
sido importantísima en las Islas y las zonas más secas de Canarias (en la mayor
parte de los casos se construía el aljibe antes que la casa).
Hasta hace unos pocos años, se consideraba en Canarias que
el recurso más valioso y escaso era el agua. Con el progreso, las nuevas
tecnologías y la depredación sistemática del territorio, ha sido el
"recurso suelo" el que ha sustituido en el orden de prioridades de
nuestra sociedad al agua. Es una opinión extendida en amplios sectores de la
población que las desaladoras han cercenado de raíz esta problemática. Pero en
realidad, esto no es así, digamos que en el mejor de los casos la ha
transformado en costes energéticos. Para desalar los más de 100 millones de m.
desalados anualmente son necesarias toneladas de petróleo, que absorben una
horquilla que oscila entre el 5 y el 30 por ciento de la energía eléctrica
producida en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Hierro. Esto
es, sin incluir los costes de elevación de las aguas desaladas a nivel del mar
a cotas superiores de consumo. Baste un supuesto como ejemplo: el coste de
elevación de esta agua para el consumo urbano a la ciudad de La Laguna es
similar al mismo coste de la desalación. Por supuesto, tampoco incluimos en
este apartado de nuestro gasto público, familiar y social, las enormes
inversiones en tecnologías e infraestructuras de desalación que han equiparado
a estas Islas atlánticas con las zonas punteras del planeta en esta materia.
Otros costes no desdeñables en absoluto con relación al líquido elemento y que
nos vemos obligados a afrontar con urgencia son los relacionados con la
depuración de aguas, la mejora e instalación de alcantarillado y saneamiento,
la eficiencia de las redes de transporte y distribución, etc., con costes de
cientos de millones pagados con recursos públicos.
En definitiva, queremos dejar claro que el problema del agua
no es un tema resuelto para esta sociedad y que las medidas de ahorro y la
eficiencia en la gestión son medidas tan necesarias como en el pasado. A todo
esto, hay que añadirle el crecimiento exponencial de turistas en los últimos
años que ha elevado de forma desmedida la demanda de agua. Hemos de tener en
cuenta que el turista europeo carece de la mentalidad del control y el ahorro del
agua que posee el canario y, por ello, sus consumos duplican al del residente
canario. En cifras, estamos hablando de unos 350 - 400 litros por persona/día
en estancias medias de 8 - 10 días. Estos datos ponen de nuevo en evidencia que
la moratoria ha sido y es inevitable e imprescindible. En este sentido, el
consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias así lo ponía de
manifiesto hace unos días comentando las 50.000 camas clasificadas y aprobadas
para su construcción, que se debían añadir a las 450.000 plazas ya en
funcionamiento. La competencia en la demanda de agua con la agricultura, el
impacto territorial y los efectos en la cultura de los más jóvenes han sido
otro de los efectos negativos de la cara oscura de este importante sector económico.
El aumento de la demanda urbano - turística, unido al paulatino deterioro del
acuífero, hace que hayamos perdido el 50 por ciento de las tierras regadas en
los algo menos de 20.000 Has. en la actualidad. Los consumos urbanos y
turísticos ocupan más del 50 por ciento de la producción del Archipiélago. En
consecuencia, el crecimiento de esta demanda hipoteca el futuro de nuestros
acuíferos y arruina la agricultura de regadío.
A tenor de mis palabras, queda de manifiesto, una vez más,
que este modelo desarrollista y sin freno en el que desarrollamos nuestra
existencia nos acabará pasando factura más pronto que tarde. El menor atisbo de
crisis económica removerá los cimientos de esta sociedad hasta unos límites
difícilmente imaginables.
Citar el impacto territorial y paisajístico de este
desenfreno urbanístico, que no sólo es responsabilidad del turismo, sino
también por la construcción residencial desmedida de la última década del siglo
XX y principios del XXI. Un problema que también tendremos que afrontar con
urgencia en próximas fechas, otra vez por obligación. En este marco descrito,
esta sociedad que algunos llaman "primermundista" debe aplaudir
medidas que, como la "moratoria", intentan poner un cierto freno a la
destrucción del territorio y la cultura que alberga, por mucho que algunos la
tilden de "descafeinada" y otros de "intervencionista". En
ningún caso, este tipo de acciones restrictivas suelen ser bienvenidas por los
poderes económicos dominantes que han hecho y deshecho lo que les ha venido en
gana históricamente en este territorio.
Wladimiro Rodríguez Brito es DOCTOR EN GEOGRAFÍA
EL DIA, 4 de Agosto 2002
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